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miércoles, 15 de mayo de 2019

JCE basó resolución de “arrastre” en precedentes TC y SCJ

La Junta Central Electoral (JCE) se basó en dos precedentes del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, sobre el voto directo y las circunscripciones electorales, para adoptar la resolución que eliminó el arrastre en 26 provincias y que lo mantiene en otras seis demarcaciones.
La JCE emitió ayer la resolución completa de la decisión tomada la semana pasada, con los argumentos que utilizó para emitir la resolución que regulará la elección de los senadores y por la cual estableció que “en todas aquellas provincias que no han sido divididas en circunscripciones electorales para la escogencia de diputados por circunscripción territorial, habrá cuatro boletas, una por cada nivel de elección: presidencial, senatorial de diputaciones y municipal” conforme al artículo 92 de la Ley Electoral.
El órgano comicial se amparó en la sentencia dictada por la SCJ, actuando como Constitucional, el 6 de febrero del 2002, en relación a una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 79,80 y 81 de la derogada Ley Electoral 275-97. En el recurso de esa fecha, la Suprema consideró que dichos artículos no lesiona en modo alguno el derecho y la independencia del ciudadano al voto.
El artículo 80 de la ley derogada, en el párrafo III y IV señala que: “Los votos computados a los candidatos de una circunscripción determinada no les serán sumados a candidatos de otras circunscripciones, aunque sean del mismo partido. Se exceptúan de la presente disposición los candidatos a senadores y síndicos, a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia o en el municipio, según sea el caso”.
Jurisprudencia constitucional
Asimismo la Junta refirió la sentencia TC/0031/13 que consideró que el voto indirecto no está contemplado para cargos electivos en el país ya que en el ordenamiento jurídico dominicano todos los cargos electivos son el producto del voto directo de cada ciudadano, cuando acuden a las asambleas electorales.
El fallo relativo a una acción directa contra le Ley Electoral incoada en el 2011 por Ingrid Taveras Betances, alegaba violación al artículo 125 de la Constitución que dice habrá un vicepresidente de la Republica electo conjuntamente con el Presidente, en la misma forma y por igual periodo.
La accionante señaló que dicha Ley Electoral debía devenir en inconstitucional respecto al procedimiento de elección del vicepresidente de la República, que de acuerdo a la Carta Sustantiva debe realizarse por voto directo. Adicionalmente la accionante solicitó al TC pronunciarse de oficio en torno a la elección de senadores, diputados y regidores por violación a los artículos 77 y 201 de la Constitución.
El Constitucional estableció en el dispositivo de marzo del 2013: “Este Tribunal ha podido arribar al criterio de que el artículo 86 de la Ley Electoral 275-97 y sus modificaciones, no es contrario a la Constitución de la República, por cuanto no se constata que el derecho a elegir ha sido sometido a limitaciones más allá de lo razonable o que despojen al titular del derecho de la necesaria protección. Muy por el contrario, el derecho al voto personal, libre, directo y secreto permanece efectivamente garantizado”.
“La accionante confunde la naturaleza y el alcance del voto directo. El voto directo es aquel que ejerce el ciudadano sin ninguna intermediación cuando expresa su preferencia electoral por uno candidatos de acuerdo con los niveles de elección previstos en la Ley Electoral 275-97. Lo anterior significa que el Presidente será elegido por el voto directo, que se materializa a través del sufragio personal, libre, directo y secreto, de tal suerte que dicha pieza legislativa resulta acorde con la Constitución” indica el fallo.
Explicó en cambio que el voto indirecto supondría la elección de representantes para que éstos a su vez sean los electores de determinados cargos electivos, por ejemplo como ocurre en la elección presidencial de los Estados Unidos.
“En tal virtud, resulta imperativo señalar que el voto indirecto no está contemplado para cargos electivos en la República Dominicana, pudiendo concluirse que en nuestro ordenamiento jurídico todos los cargos electivos son el producto del voto directo de cada ciudadano, el cual es convocado a la conformación de las asambleas electorales al término de cada periodo electivo”.
elCaribe.com

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