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miércoles, 11 de mayo de 2022

El Ministro de Educación, Dr. Roberto Fulcar, recibe medalla de oro en reconocimiento a la política dominicana de formación docente durante la pandemia


 Santo Domingo.- El  consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, aseguró este miércoles que bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá una reforma a la Constitución, ni ninguna otra de esta trascendencia, si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional.

“El presidente Luis Abinader reitera que su apoyo,  impulso y aprobación a esta iniciativa se limitarán a lo aquí propuesto y que bajo ningún concepto y circunstancia sus objetivos tocarán otros temas”, informó Peralta Romero.

Al mismo tiempo, señaló, deja constancia, por su vía, de la decisión de tocar las puertas y las conciencias del liderazgo político nacional, con el propósito de lograr un concurso de voluntades que permitan la materialización de estas reformas.

Con la seguridad, agregó, de que con las mismas se logrará un país  más democrático y transparente en el manejo de los fondos públicos y con un sistema de justicia más eficaz.

El consultor jurídico habló al participar en la novena y última reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad, como parte de la convocatoria Presidencial del Diálogo, por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y la Gestión Eficiente del Estado, en el Consejo Económico y Social (CES).

“Hacemos este anuncio aquí hoy frente a los miembros de esta mesa que han participado en el diálogo sobre la reforma constitucional, para reafirmar ante ustedes nuestro compromiso con las conclusiones a que aquí se han arribado y con la esperanza de que esta sesión sea tan provechosa como las anteriores”, manifestó.

Peralta Romero reafirmó el convencimiento por parte del Poder Ejecutivo de que estas propuestas resultan ser oportunas, necesarias y trascendentes.

Entre estas reformas citó: lograr disminuir de más de doscientos mil (200,000.00) ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa popular a solo veinticinco mil (25,000.00); la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes.

Asimismo, el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos; la independencia real del Ministerio Público, a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático, o la exclusión del Ministerio Público de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura.

“No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por la vía del consenso dado que este gobierno no se embarcará en acciones deleznables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que deben regir la administración pública”, afirmó.

No obstante tal convicción, expuso, desde el primer día el Poder Ejecutivo ha mostrado apertura para que, en el marco de este diálogo, la comunidad nacional presente sus observaciones, contrapropuestas y 

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